Los cuatro jugadores de Vélez acusados

Sociedad > la justicia podría secuestrarlo

La joven que denunció haber sido abusada por los futbolistas de Vélez se niega al peritaje de su celular

La denunciante expresó su preocupación por la posible violación de su intimidad. Ella y una testigo tendrán hasta el martes y hoy, respectivamente, para entregar sus teléfonos móviles. De lo contrario, se tomará la medida de secuestrarlos.
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15 de abril de 2024 a las 18:41

La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para resolver casos complejos. Con su uso generalizado, los celulares se han convertido en una fuente de verdad. Esto se debe a que permiten localizar a una persona en un lugar específico o descubrir detalles a través de la lectura de los mensajes enviados por los involucrados en el caso. Un ejemplo de esto es la investigación de abuso sexual contra cuatro jugadores de Vélez. En una audiencia que duró más de seis horas, se demostró que el análisis de los teléfonos podría determinar el futuro del expediente. Un juez ha dado a una testigo un plazo de 24 horas (que vence hoy) para entregar su dispositivo, y a la víctima hasta el martes.

Una joven denunció que fue abusada por los futbolistas el 3 de marzo en una habitación del hotel Hilton. La fiscal Eugenia María Posse acusó de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores), a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso sexual simple.

La investigadora tomó declaración a una testigo presentada por los querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Patricio Char. La joven declaró que había enviado mensajes antes y después de que los futbolistas cometieran el supuesto abuso. Según fuentes judiciales, fue una de las primeras en enterarse de lo ocurrido. Por esta razón, su testimonio fue de gran importancia. Para corroborar sus declaraciones, presentó capturas de pantalla de los mensajes que la denunciante le envió el domingo hasta las 1.35 y el viernes. Alegó que había cambiado su celular y que esas eran las únicas frases que había podido recuperar.

Sospechas y peritajes

María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Florentín Bobadilla, sospechando que podría haber habido una maniobra, solicitaron a la fiscalía que ordenara la confiscación del celular para su análisis. Como la representante del Ministerio Público se negó a hacerlo, solicitaron una audiencia para resolver este asunto.

En el debate no sólo se discutió este tema, sino que también se dejó claro cómo podría desarrollarse el proceso de la causa en el futuro. La audiencia no sólo fue secreta, sino que también se prohibió la divulgación de los detalles de lo que se discutió allí. Sin embargo, de acuerdo a lo consignado por el diario tucumano La Gaceta, se pudo reconstruir parte de lo ocurrido en ese debate que duró más de seis horas.

Sebastián Sosa, el arquero acusado

 

La fiscal y la querella se opusieron a la confiscación compulsiva del celular de la testigo solicitada por los defensores de Florentín Bobadilla, quienes argumentaron que era importante para confirmar la declaración que había dado. El juez Sebastián Mardiza rechazó la solicitud, pero le dio un plazo de 24 horas (que vence hoy) para que lo considerara. La gran pregunta es si será útil, ya que esta persona anunció que lo había cambiado y que no sabía si había hecho una copia de seguridad de los archivos de WhatsApp.

“Primero hay que confirmar esa versión y luego determinar si desaparecieron todos los chats o sólo la conversación que mantuvo con la denunciante. Con el trabajo que hacen los peritos, los celulares siempre terminan hablando”, señaló una fuente. “Si dijo la verdad no habrá problemas, pero tendrá problemas legales si no se confirman sus dichos”, advirtió el mismo especialista. Abdala y Atim, con el apoyo de los otros defensores José María Molina, Ileana Battaglia y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (defiende a Sosa) redoblaron la apuesta. La otra manera de verificar esa conversación es analizando el celular de la víctima, que había anunciado que lo entregaría el martes. Por esa razón, los defensores pidieron que se le confiscara el teléfono para garantizar la obtención de la información que estaban buscando.

La posición de la querella

En ese momento quedó evidente un cambio en la estrategia de la querella, especialmente después de que el abogado Char comenzara a desempeñar ese rol. Según la información, el profesional cuestionó el pedido de análisis del celular y adelantó que no lo entregaría como se había anunciado. "¿Desde cuándo se analiza el celular de una víctima de abuso sexual? Es nada menos que violar la intimidad de una víctima", habría fundamentado al rechazar el planteo.

La víctima también expresó su rechazo al pedido al hacer uso de la palabra. "Es cierto que dije que lo haría, pero ahora no quiero por una sola razón: se ventilaron muchas cosas y no quiero que siga pasando lo mismo. No confío en que se resguarde mi intimidad", habría declarado. "Estoy harta de todo esto. En cada audiencia siento que tengo que defenderme cuando en realidad soy la víctima", habría sido otras de sus expresiones.

El Ministerio Público también rechazó el pedido, confiando en la palabra de la denunciante de que entregaría el celular el martes. El juez Mardiza rechazó el planteo y solicitó a la fiscalía que tomara todos los recaudos necesarios para preservar la información que se obtenga del teléfono una vez entregado. Si la denunciante no cumple con su palabra, se podría abrir una polémica en la investigación, y se emitirá una orden de secuestro si no entrega el celular. Lo mismo sucederá si la testigo no cumple hoy con lo ordenado.

El código procesal penal permite a todas las partes realizar entrevistas, no solo al Ministerio Público. En este caso, además de la dueña del celular, la fiscalía tomó declaraciones a otras dos amigas de la víctima. Si bien no trascendieron detalles de sus dichos, se cree que aportaron detalles sobre lo que les contó la denunciante sobre el abuso.

Los abogados intentaron entrevistar a las tres jóvenes para despejar dudas o obtener declaraciones, pero nunca pudieron concretar esas entrevistas. Por esa razón, solicitaron al juez que les ordenara responder a sus interrogantes. Mardiza ordenó al Ministerio Público que citara a las testigos para ser interrogadas por los profesionales. Ninguna de las partes quiso hacer declaraciones sobre lo ocurrido en la audiencia, tanto por la prohibición de la justicia como por temor a que sus dichos agranden aún más la polémica de un caso que cada vez es más complejo.

 

 

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