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Unión Europea levantó observaciones sobre el sistema tributario de Uruguay
La Unión Europea (UE) anunció este martes que Uruguay ingresó en la categoría de jurisdicción cooperante sin compromisos asumidos, “calificación que consolida un cambio en el estatus de país transparente y confiable ante la comunidad internacional”, informó el ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) de la UE destacó las modificaciones normativas introducidas por Uruguay, a partir de una serie de recomendaciones que realizara el organismo en el 2021 respecto a las rentas de fuente extranjera.
“Este cambio en la calificación destaca la imagen de Uruguay en el escenario internacional. Esta administración ha demostrado la voluntad de cooperar en temas de buena gobernanza tributaria”, dijo la directora de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pía Biestro.
Los cambios introducidos, tanto a nivel legal como reglamentario, tienen por premisas el mantenimiento en términos generales del principio de la fuente para las rentas empresariales, el otorgamiento de certeza tributaria, y la protección de los intereses de nuestro país ante la potencial imposición de medidas defensivas que afecten su economía e imagen internacional”, añadió Biestro. En resumen, si bien la UE no tiene listas cromáticas, empleando jerga común se puede decir que Uruguay salió de la lista gris.
En contexto
Sobre fines de 2019 el gobierno recibió una carta del presidente del Grupo Código de Conducta de la Unión Europea (COCG), comunicando que Uruguay sería evaluado por primera vez por dicho organismo. Si bien Uruguay figuraba como jurisdicción cooperante, debía atender ciertos compromisos asumidos ante la UE en materia de transparencia y justicia tributaria.
Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas. De este modo, pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.
En julio de 2021, el gobierno uruguayo remitió una nota a la UE donde asumió el compromiso de ajustar nuevas exigencias y “reiteró su voluntad de cooperar en temas de buena gobernanza tributaria”.
El MEF creó un grupo de trabajo con la DGI y envió una propuesta con modificaciones tributarias, que el COGG analizó en julio del año pasado. En función de esa devolución, el Poder Ejecutivo elaboró luego un proyecto de ley que fue puesto a consulta pública y que fue aprobado por el Parlamento en noviembre de 2022.
El 1º de enero de 2023, entró en vigencia la ley 20.095 en la cual se introdujeron nuevas disposiciones en sede del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) a efectos de dar cumplimiento al compromiso asumido con la UE, y así dar solución a ciertos aspectos del referido impuesto que podrían ser considerados potencialmente perjudiciales y fomentar la competencia fiscal desleal.
Uruguay optó por exonerar ciertas rentas pasivas obtenidas por entidades integrantes de grupos multinacionales, siempre que las mismas cumplan con requisitos de sustancia adecuados, lo que fue aprobado por el grupo técnico del Código de Conducta de la UE.
