En el 40 aniversario del asesinato de Roslik, una mala noticia para su “interrogador”

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno es un revés para Morales, un exoficial que hoy participa en negocios con las Fuerzas Armadas y que nunca pagó su relación con el homicidio de Roslik.

Hasta ahora, Morales solo había tenido golpes de suerte en los tribunales.

Testigos del crimen

El asesinato del médico de San Javier, del cual se están cumpliendo 40 años, fue el único caso de muerte por torturas en la dictadura que mereció una condena de la justicia militar.

Tras una autopsia fraudulenta que intentó encubrir el homicidio, otros estudios forenses demostraron que Roslik sufrió una “muerte violenta multicausal”. Los forenses comprobaron que le habían desgarrado el hígado, tenía múltiples traumatismos y le había ingresado fluidos a los bronquios.

Producto de la indignación popular que provocó el caso, del coraje de la viuda Mary Zavalkin que logró que se le hiciera una segunda autopsia al cadáver de Roslik y de la actuación de la prensa –con especial destaque al trabajo de los periodistas Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit en el semanario Jaque- el caso no pudo ser barrido bajo la alfombra.

Entonces, la Justicia Militar condenó, con penas leves, irrisorias para un homicidio, a Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido) y Sergio Caubarrere, jefe y subjefe del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, donde mataron a Roslik.

Morales, en cambio, fue exculpado porque se consideró que cumplía órdenes.

La sentencia definitiva de la Justicia Militar sobre el caso, obtenida en 2021 mediante un pedido de acceso a la información pública, estableció que Morales estaba interrogando a Roslik en una habitación de tres por cuatro metros cuando sobrevino su violenta muerte.

En su sentencia, el juez militar Oscar Vilche no habla de golpes o tormentos, sino de súbitos “cambios de voces” de Morales.

El documento agrega que en la pequeña habitación donde Morales “interrogaba” a Roslik, otros diez oficiales miraban para aprender. Eran los entonces capitanes Daniel Castellá, Jorge Soloviy y Heber Calvetti, teniente primero Oscar Lauber; tenientes segundos Luis Estebenet, Rodolfo Costas y Alberto Loitey; y alféreces Edgardo Favier y Nelson De los Santos.

Aunque el fallo de la Justicia Militar solo fijó penas mínimas para los jefes del cuartel, la Suprema Corte de Justicia consideró que existía “cosa juzgada”. El homicidio de Roslik quedó cerrado para siempre en la vía judicial.

Fue el segundo golpe de suerte de Morales.

Otros casos

El “interrogador” de Roslik, sin embargo, tenía –y tiene- todavía otros dos frentes abiertos en la justicia.

El primero era una denuncia por torturas de otra vecina de San Javier, Susana Zanoniani.

Esta maestra jubilada denunció que en 1980 estuvo detenida durante 15 días, “sin orden judicial y sin que haya cometido un delito”. En ese lapso “fue objeto de plantones y golpes” por parte de Morales. Tenía entonces 35 años y no tenía actividad política.

El segundo juicio pendiente para Morales es el que presentó el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, cuando la Suprema Corte cerró el caso Roslik. El fiscal buscó entonces indagar respecto a una primera detención que habían sufrido Roslik y otros vecinos de San Javier en 1980, durante la cual habían sido torturados. Morales también había intervenido en aquel operativo.

En ambos casos pendientes, la jueza Siri tomó decisiones que favorecieron a Morales.

El 1 de setiembre, en el caso Zanoniani, Siri procesó a Morales como presunto autor responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad y tres de privación de libertad. Pero el procesamiento, sorpresivamente, fue sin prisión.

Perciballe dijo que el fallo era violatorio de normas nacionales e internacionales y lo apeló.

En el segundo caso, el que indaga la detención de Roslik y otros en 1980, la jueza Siri procesó a varios militares pero no a Morales, ya que entendió que ya había respondido por los mismos hechos en el caso Zanoniani.

Perciballe volvió a criticar a Siri. Afirmó que el fallo le provocó “estupor” por tratarse de hechos diferentes y también lo recurrió. El reciente fallo del Tribunal de Apelaciones, informado por La Diaria el 16 de abril, en el 40 aniversario del asesinato de Roslik, le dio la razón al fiscal. La jueza Siri parece no haber reparado que unos hechos ocurrieron en 1980 y otros en 1984, en operativos diferentes.

En función de la decisión del Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Beatriz Larrieu, Sergio Torres y Alberto Reyes, ahora Siri Thove deberá definir si procesa o no a Morales por el caso de 1980.

Situación de reforma

Morales también ha eludido un fallo de la justicia civil que lo obliga a pagar una deuda.

Por esas deudas que mantiene con Roberto Correa, otro oficial del Ejército, Morales se vio sometido a dos tribunales de honor que lo encontraron inmerso en “descalificación por falta gravísima”.

Es por ese motivo que el 27 de setiembre de 2000, en la resolución 78.580 del Ministerio de Defensa Nacional, el entonces presidente Jorge Batlle y el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo, pasaron a Morales a “situación de reforma”, una sanción que le impide lucir el uniforme y ser reconocido como un oficial por sus pares.

Correa también se presentó a la justicia civil para cobrar las deudas, pero Morales no concurrió a las audiencias. Según documentos públicos, la jueza letrada de primera instancia en lo civil de 14 turno, Gloria Seguessa, lo declaró en rebeldía por ello.

Seguessa condenó a Morales a pagarle a Correa 20.808 dólares más intereses, pero la deuda no fue paga. Por ese motivo, la sede judicial le impuso en 2016 un embargo genérico, que fue renovado en 2021.

Nada de lo anterior  impidió que el oficial en situación de reforma cultivara relaciones con el poder y prosperara en el mundo de los negocios con el Ejército.

Según fuentes militares, Morales se tornó un interlocutor habitual de los mandos militares por representar a la firma Todo Insumos, una proveedora habitual de pertrechos.

Asimismo, Morales ha representado a China en el controvertido proceso de compra de dos patrulleras oceánicas por parte de la Armada, según dijo el comandante en jefe de esa fuerza, almirante Jorge Wilson, el 7 de agosto en la Comisión del Senado.